El
pasado 21 de diciembre de 2009 la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (D.F.)
aprobó la reforma al artículo 391 del Código Civil local que aborda la materia
de matrimonios reconociendo que esta institución puede ser conformada por
individuos del mismo sexo, asumiendo que los ciudadanos que celebren este
contrato civil reciben en automático todos los derechos y obligaciones que ello
implica, al respecto el punto más polémico en aquél momento fue la adopción.
El camino del reconocimiento legal de igualdad de condiciones jurídicas de las familias homosexuales en México no fue fácil: El Partido de la Revolución Democrática (PRD) ha logrado sumar minorías inconformes o discriminadas a fin de ganar votantes en el país y particularmente en el D.F., una de estas minorías es la población homosexual cuya defensa de derechos vulnerados se ha convertido en uno de los estandartes ideológicos del gobierno perredista de izquierda en el sentido de tolerancia, respeto e inclusión social.
El primer paso se originó con la presión citadina que generaba la marcha anual de la comunidad Lésbica, Gay, Bisexual y Transexual (LGBT) a través de la Avenida Reforma, sin embargo a nivel legal la necesidad del reconocimiento de este tipo de relaciones se consolidó con la aprobación, por parte de la Asamblea Legislativa del D.F., de una institución denominada Sociedad de Convivencia el 9 de noviembre de 2006 en la que podían participar hombres y mujeres del mismo o diferente sexo, con la intención de generar un vínculo solidario de ayuda mutua y beneficio testamentario. Los contraargumentos de los opositores en aquél momento giraron en torno a los riesgos sociales que generarían la ruptura de arquetipos y estructuras tradicionales asumidas en un país mayoritariamente católico, lo cual explica que la iglesia de esta denominación participe como un actor con voz.
Después de tres años de que se aprobara la Ley de Sociedades de Convivencia las opiniones públicas han madurado y entendido las fallas argumentativas de cada postura, por lo que la discusión y el tránsito hacia el matrimonio de personas del mismo sexo tomó un rumbo inercial cuyo periodo de gestación fue mucho menor que el de las Sociedades de Convivencia. En esta ocasión el sector tradicionalista de nuestro país reapareció representado por todos los gobernadores panistas y por la Procuraduría General de la República (PGR), este grupo se enarboló con la postura de opositores ideológicos y políticos de la imagen de apertura, tolerancia y diversidad del PRD en el D.F., el recurso legal del que hicieron uso fue la solicitud de revisión de inconstitucionalidad de dicha reforma, este análisis y sus consecuencias jurídicas le correspondió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), órgano máximo judicial del país, cuyo fallo fue que la Reforma que le daba cabida a los matrimonios homosexuales en el D.F. es constitucional, adicionalmente la SCJN debía revisar si la adopción era o no constitucional, el fallo una vez más fue que era constitucional.
La controversia ideológico-política ha llevado a rebasar el espacio del púlpito como espacio de opinión de los sacerdotes católicos y los ha remontado como actores mediáticos de temas que conciernen exclusivamente al Estado, sus estructuras y sus ciudadanos. Los nombres de quienes ahora representan a ambos bandos son el cardenal primado de Guadalajara José Sandoval Iñiguez y el Jefe de Gobierno del Distrito Federal Marcelo Ebrard Casaubón, el primero declaró que contaba con evidencias acerca de que el Jefe de Gobierno habría sobornado a Ministros de la SCJN para que el fallo resultara favorable a la postura sostenida por el Gobierno del D.F., tras lo cual Marcelo Ebrard interpuso una demanda por daño moral causado al GDF por parte de Sandoval Iñiguez y a ello se unieron el PRD nacional y el local con las demandas por el mismo caso en su agravio.
Mientras la pugna entre unos y otros continúa, quedan asuntos pendientes: La adopción por cualquier tipo de matrimonio y en cualquier Estado de la República Mexicana es casi imposible, muestra de ello es la cantidad de solicitudes que concluyen la adopción exitosamente, ello es un indicador de los problemas estructurales de la administración pública en todos los niveles. La segunda llamada de atención es que después del fallo de la SCJN sobre la constitucionalidad de la reforma aprobada por la Asamblea Legislativa en materia de matrimonios, se espera una respuesta consecuente, libre de voluntarismos, para que se realicen las reformas a las normas operativas de distintas instituciones públicas para que los cónyuges puedan hacer uso de los derechos adquiridos a través de la institución del matrimonio, uno de los más importantes es el relativo a seguridad social, todo ello permitirá que todos los legalmente casados puedan ejercer sus derechos a fin de garantizar equidad y respeto a las garantías individuales.
El camino del reconocimiento legal de igualdad de condiciones jurídicas de las familias homosexuales en México no fue fácil: El Partido de la Revolución Democrática (PRD) ha logrado sumar minorías inconformes o discriminadas a fin de ganar votantes en el país y particularmente en el D.F., una de estas minorías es la población homosexual cuya defensa de derechos vulnerados se ha convertido en uno de los estandartes ideológicos del gobierno perredista de izquierda en el sentido de tolerancia, respeto e inclusión social.
El primer paso se originó con la presión citadina que generaba la marcha anual de la comunidad Lésbica, Gay, Bisexual y Transexual (LGBT) a través de la Avenida Reforma, sin embargo a nivel legal la necesidad del reconocimiento de este tipo de relaciones se consolidó con la aprobación, por parte de la Asamblea Legislativa del D.F., de una institución denominada Sociedad de Convivencia el 9 de noviembre de 2006 en la que podían participar hombres y mujeres del mismo o diferente sexo, con la intención de generar un vínculo solidario de ayuda mutua y beneficio testamentario. Los contraargumentos de los opositores en aquél momento giraron en torno a los riesgos sociales que generarían la ruptura de arquetipos y estructuras tradicionales asumidas en un país mayoritariamente católico, lo cual explica que la iglesia de esta denominación participe como un actor con voz.
Después de tres años de que se aprobara la Ley de Sociedades de Convivencia las opiniones públicas han madurado y entendido las fallas argumentativas de cada postura, por lo que la discusión y el tránsito hacia el matrimonio de personas del mismo sexo tomó un rumbo inercial cuyo periodo de gestación fue mucho menor que el de las Sociedades de Convivencia. En esta ocasión el sector tradicionalista de nuestro país reapareció representado por todos los gobernadores panistas y por la Procuraduría General de la República (PGR), este grupo se enarboló con la postura de opositores ideológicos y políticos de la imagen de apertura, tolerancia y diversidad del PRD en el D.F., el recurso legal del que hicieron uso fue la solicitud de revisión de inconstitucionalidad de dicha reforma, este análisis y sus consecuencias jurídicas le correspondió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), órgano máximo judicial del país, cuyo fallo fue que la Reforma que le daba cabida a los matrimonios homosexuales en el D.F. es constitucional, adicionalmente la SCJN debía revisar si la adopción era o no constitucional, el fallo una vez más fue que era constitucional.
La controversia ideológico-política ha llevado a rebasar el espacio del púlpito como espacio de opinión de los sacerdotes católicos y los ha remontado como actores mediáticos de temas que conciernen exclusivamente al Estado, sus estructuras y sus ciudadanos. Los nombres de quienes ahora representan a ambos bandos son el cardenal primado de Guadalajara José Sandoval Iñiguez y el Jefe de Gobierno del Distrito Federal Marcelo Ebrard Casaubón, el primero declaró que contaba con evidencias acerca de que el Jefe de Gobierno habría sobornado a Ministros de la SCJN para que el fallo resultara favorable a la postura sostenida por el Gobierno del D.F., tras lo cual Marcelo Ebrard interpuso una demanda por daño moral causado al GDF por parte de Sandoval Iñiguez y a ello se unieron el PRD nacional y el local con las demandas por el mismo caso en su agravio.
Mientras la pugna entre unos y otros continúa, quedan asuntos pendientes: La adopción por cualquier tipo de matrimonio y en cualquier Estado de la República Mexicana es casi imposible, muestra de ello es la cantidad de solicitudes que concluyen la adopción exitosamente, ello es un indicador de los problemas estructurales de la administración pública en todos los niveles. La segunda llamada de atención es que después del fallo de la SCJN sobre la constitucionalidad de la reforma aprobada por la Asamblea Legislativa en materia de matrimonios, se espera una respuesta consecuente, libre de voluntarismos, para que se realicen las reformas a las normas operativas de distintas instituciones públicas para que los cónyuges puedan hacer uso de los derechos adquiridos a través de la institución del matrimonio, uno de los más importantes es el relativo a seguridad social, todo ello permitirá que todos los legalmente casados puedan ejercer sus derechos a fin de garantizar equidad y respeto a las garantías individuales.
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